EL COLEGIO DE ABOGADOS DE TRELEW RECLAMA PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN EL PROYECTO DEL CÓDIGO PROCESAL NO PENAL
El Colegio Público de Abogados de Trelew considera inadmisible que una reforma de la magnitud del proyectado Código Procesal No Penal avance sin una convocatoria previa, amplia y efectiva a las entidades profesionales, académicas y demás sectores directamente involucrados en el funcionamiento del sistema de justicia.
En una nueva reunión de profesionales realizada el viernes último, hubo absoluto consenso en que la abogacía no puede quedar reducida al rol de mera espectadora -o de convidada de piedra- frente al tratamiento de un código destinado a modificar sustancialmente la dinámica de los procesos no penales en la provincia y con impacto directo sobre el acceso a la justicia, las garantías procesales y el ejercicio cotidiano de la profesión.
Por ese motivo, se acordó continuar las gestiones institucionales para mantener reuniones con distintos actores y autoridades provinciales, con el objeto de dar a conocer las observaciones, cuestionamientos y propuestas del Colegio respecto del proyecto elaborado en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia y remitido para su tratamiento legislativo.
Señal preocupante
Para el Colegio Público de Abogados de la Circunscripción Judicial Trelew constituye una señal preocupante que decisiones de tamaña trascendencia institucional avancen sin generar previamente espacios adecuados de participación para los colegios profesionales de la provincia, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el ámbito académico, los auxiliares de justicia y los demás sectores vinculados con la prestación del servicio.
La entidad, que nuclea a más de 650 profesionales del Derecho, entiende que quienes ejercen diariamente la abogacía poseen experiencia directa sobre el funcionamiento concreto de los procesos judiciales, sus dificultades y sus efectos sobre los justiciables.
Por ello, su participación no puede ser tardía, meramente formal o limitada al conocimiento de un texto cuyas decisiones centrales ya se encuentren adoptadas. Se advierte, además, que la reforma proyectada supone un verdadero cambio de paradigma en la administración de justicia y en la forma de litigar, con una profunda redefinición de los roles de jueces, abogados, funcionarios y otros actores del sistema.
En particular, algunas de las soluciones propuestas generan seria preocupación por el modo en que podrían condicionar, restringir o desplazar ámbitos propios de la actuación profesional de la abogacía, con consecuencias todavía inciertas sobre la amplitud y efectividad del derecho de defensa de los justiciables.
Al mismo tiempo, el nuevo modelo requiere infraestructura edilicia y tecnológica adecuada, reorganización funcional y una previsión concreta de los recursos humanos y económicos necesarios para su implementación.
Ausencia de certezas
Sin embargo, hasta el momento no se ha informado con precisión cómo se instrumentarían esas transformaciones, qué adecuaciones estructurales demandarían ni de qué manera serían afrontadas. En ese contexto, resulta cuanto menos inconveniente -y potencialmente contradictorio- avanzar en la discusión y eventual sanción de un nuevo Código Procesal sin contar previamente con certezas razonables acerca de la viabilidad material, operativa y presupuestaria de las reformas indispensables para su efectivo funcionamiento.
El Colegio considera que una reforma procesal integral requiere un debate abierto, plural y transparente. No resulta institucionalmente adecuado que un proyecto de esta naturaleza sea definido mediante instancias restringidas de discusión y sin una intervención efectiva de todos los actores que deberán operar cotidianamente bajo el nuevo régimen.
Reunión con camaristas
A partir de tomar conocimiento del proyecto de Código Procesal No Penal, el Colegio de Abogados convocó días atrás a los camaristas María Marta Nieto, Sergio Lucero y Guillermo Walter, quienes tuvieron participación en la elaboración del texto.
Durante el encuentro, los magistrados expusieron los fundamentos, alcances y principales decisiones de diseño normativo del proyecto desde la perspectiva de quienes intervinieron en su redacción.
Esa exposición permitió conocer de primera mano los criterios que orientaron la iniciativa, sin que ello agote ni sustituya el análisis crítico que corresponde realizar a la abogacía y a los demás sectores involucrados.
El intercambio posibilitó abordar aspectos técnicos del articulado y dimensionar la profundidad de los cambios proyectados.
Asimismo, los colegiados no solo formularon interrogantes, sino que también plantearon cuestionamientos, incertidumbres y observaciones concretas vinculadas con la implementación práctica del nuevo régimen, sus efectos sobre el acceso a la justicia, la dinámica del litigio, el ejercicio profesional y las garantías procesales.
El Colegio Público de Abogados de Trelew entiende que la eventual sanción de un nuevo Código Procesal No Penal constituye una decisión de enorme trascendencia institucional para toda la provincia.
Por tal motivo, subraya que la participación activa de la abogacía no es una concesión ni una formalidad, sino una responsabilidad institucional ineludible y una condición necesaria para enriquecer el debate.
En ese marco, el Colegio continuará promoviendo las acciones y gestiones necesarias para que la abogacía tenga una intervención real y efectiva en la discusión del proyecto y para que sus observaciones sean consideradas antes de la adopción de decisiones definitivas.
